Buenos Aires. El procesamiento penal contra el titular de Autos Pilar Premium, con un embargo que asciende a $300 millones, generó un terremoto reputacional en el sector automotor de Pilar. La Justicia Federal de Campana lo acusó de “desobediencia” al exhibir vehículos en el parquizado lindante a la autopista Panamericana, un espacio que pertenece a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Sin embargo, más allá del caso puntual, empresarios locales y vecinos se preguntan si el accionar judicial es equitativo o si existen intereses ocultos detrás de la avanzada judicial.
Cómo empezó todo
El origen del conflicto. Todo comenzó por una denuncia de Autopistas del Sol. La compañía concesionaria sostuvo que varias agencias —MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors— “se habían apropiado del espacio público” y lo usaban como playa de exhibición de autos, “como si fuera de su propiedad”
La fiscalía corroboró los hechos y, tras intimaciones previas, el juez Adrián González Charvay ordenó retirarlos. La Prefectura Naval ejecutó el operativo en junio y dejó constancia de que se trataba de mantener libre la zona de seguridad vial.
Por qué Autos Pilar quedó en la mira. Las tres concesionarias retiraron los vehículos voluntariamente, pero según el expediente judicial, sólo Autos Pilar Premium volvió a ubicar unidades en el mismo predio y hasta en sectores cercanos. Esa reincidencia derivó en el procesamiento por “desobediencia a funcionario público” y el secuestro de nueve vehículos (Audi, Toyota Hilux, Ford Ranger, entre otros). La Justicia subrayó que el concesionario “deliberadamente desobedeció la orden” y que los vehículos formaban parte del delito, por lo que rechazó la devolución.
Ocupación ¿selectiva?
Otras ocupaciones, otras respuestas. Mientras tanto, en otras zonas de la Panamericana siguen apareciendo vehículos pesados ocupando espacios públicos. Vecinos del barrio De Vicenzo Grande reclaman desde hace meses por “camiones y colectivos estacionados de forma permanente a la vera de la Panamericana” y denuncian que incluso tapan la visibilidad y provocan accidentes. También señalan a una concesionaria en la calle Caamaño que “se adueñó de una calle entera” frente al edificio Office. Pese a las denuncias, “la Autopista no da bolilla”, lo que alimenta la percepción de que el castigo es selectivo.
El debate en redes y la percepción pública. Las notas en redes sociales y portales locales están plagadas de comentarios de usuarios que cuestionan por qué la Justicia sólo apuntó a ciertas concesionarias.
Muchos sugieren que existen intereses de competencia y recuerdan que otras empresas —como las cervecerías que estacionan camiones en colectoras— también ocupan espacios públicos sin sanción. Este coro de voces digitales sostiene la teoría de que se trata de “una persecución” contra ciertos actores del mercado, mientras que otros quedan fuera del radar.
Conclusión. Nadie discute que el parquizado debe permanecer libre por razones de seguridad; incluso la DNV recuerda que estos sectores son “zonas de seguridad que deben mantenerse libres de obstáculos». Pero si la norma es universal, su aplicación debería ser pareja.
Cómo sigue
La crisis que atraviesa Autos Pilar Premium expone una falla sistémica: un mercado con reglas difusas, una concesionaria vial que denuncia pero no controla y una Justicia que actúa de forma reactiva. Urge un plan integral que ordene el uso de espacios públicos, establezca criterios homogéneos y evite que la percepción de injusticia se transforme en una nueva crisis reputacional para todo el sector.
Según avances en la Justicia pilarense, el dueño de Autos Pilar Premium estaría pronto a ser sobreseído de la causa, puntualmente por el caso del embargo de 300 millones de pesos por la confusa ocupación del espacio público de la colectora. Si bien no hubo más precisiones, hay quienes aseguran que detrás del accionar judicial hay otros incentivos, que precisamente no tienen mucho que ver con liberar metros cuadrados de césped.
