Buenos Aires.- La ocupación del espacio público en la Zona Norte del Gran Buenos Aires es un tema que genera preocupación entre vecinos y usuarios de las calles. Desde peatones hasta ciclistas y conductores, todos se ven afectados por la manera en que se usan veredas, banquinas y colectoras. Sin embargo, muchas veces, la ley se aplica a unos pocos. Mientras algunas agencias de autos fueron multadas por ocupar espacios indebidos, otras problemáticas, como bares en veredas o picadas ilegales, parecen permanecer sin sanción.
Quienes circulan destacan que estas situaciones afectan la seguridad, la accesibilidad y la convivencia urbana. Además, piden que se aplique la normativa de manera equilibrada y uniforme, para que todos respeten los espacios públicos.
Entre las principales problemáticas, están las picadas ilegales y vehículos incautados: motos y autos que ocupan carriles de colectoras y autopistas, afectando la seguridad vial. Vecinos del partido de Pilar, denuncian la situación en redes sociales: “Cuando van a desalojar las picadas ilegales con cientos de motos robadas que hay en las colectoras? “
Por otro lado, se suman las denuncias por la presencia de bares y parrillas en veredas: “Hagan algo con los bares que ocupan veredas”, reclama otro vecino, y también la presencia de puesto de comidas: “Hagan algo con los puestos y parrillas que ocupan las banquinas, algunas con edificaciones permanentes. A los que venden choripán, empanadas, debajo de los puentes no les hacen nada.”
Algunos locales instalan mesas, sillas o estructuras permanentes que reducen el espacio para peatones. Pero a esto también se suman comercios: “Hagan algo con la distribuidora de gaseosas que se cree dueño de la vereda sobre ruta 26 dónde dobla el 228, lleno de mugre, camiones, tarimas, está la parada de colectivo, es un peligro…” El acopio de materiales y obradores también genera inconvenientes, en donde espacios verdes y calles quedan ocupados por montañas de materiales de construcción durante meses o años. Como señala otro comentario: “Deberían pedirle a la Autopista que retire el obrador donde acopia el frezado que hace más de dos años ocupa el espacio verde…”
La falta de infraestructura es otra preocupación. Tramos de autopistas y colectoras están sin iluminación o con pavimento en mal estado: “Y a autopistas del sol nadie los denuncia por estar hace años sin luminarias en varios kilómetros? Panamericana y Cno Del Buen Aire varios km sin iluminación, pero el peaje te lo cobran. Picadas por todos lados NADIE HACE NADA.”, opinan vecinos de la zona.
Hacia soluciones más efectivas
Vecinos y usuarios coinciden en que la ley debería aplicarse a todos por igual. Mientras algunas agencias de autos son sancionadas, otras ocupaciones irregulares siguen sin control, lo que evidencia la necesidad de una política más equitativa y consistente para proteger el espacio público en la Zona Norte (y también de toda provincia de Buenos Aires).
Especialistas en urbanismo y autoridades destacan que mejorar la situación requiere coordinación, planificación urbana que contemple usos seguros y eficientes del espacio público, controles efectivos y participación ciudadana para denunciar y colaborar en soluciones sostenibles. Solo así se podrá garantizar que calles, veredas y colectoras sean seguras, accesibles y respetadas por todos. Sin embargo, más allá del caso puntual, empresarios locales y vecinos se preguntan si el accionar judicial es equitativo o si existen intereses ocultos detrás de la avanzada judicial.
El origen
El origen del conflicto. Todo comenzó por una denuncia de Autopistas del Sol. La compañía concesionaria sostuvo que varias agencias —MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors— “se habían apropiado del espacio público” y lo usaban como playa de exhibición de autos, “como si fuera de su propiedad”.
La fiscalía corroboró los hechos y, tras intimaciones previas, el juez Adrián González Charvay ordenó retirarlos. La Prefectura Naval ejecutó el operativo en junio y dejó constancia de que se trataba de mantener libre la zona de seguridad vial.
Por qué Autos Pilar quedó en la mira. Las tres concesionarias retiraron los vehículos voluntariamente, pero según el expediente judicial, sólo Autos Pilar Premium volvió a ubicar unidades en el mismo predio y hasta en sectores cercanos. Esa reincidencia derivó en el procesamiento por “desobediencia a funcionario público” y el secuestro de nueve vehículos (Audi, Toyota Hilux, Ford Ranger, entre otros).
La Justicia subrayó que el concesionario “deliberadamente desobedeció la orden” y que los vehículos formaban parte del delito, por lo que rechazó la devolución.
Otras ocupaciones, otras respuestas. Mientras tanto, en otras zonas de la Panamericana siguen apareciendo vehículos pesados ocupando espacios públicos. Vecinos del barrio De Vicenzo Grande reclaman desde hace meses por “camiones y colectivos estacionados de forma permanente a la vera de la Panamericana” y denuncian que incluso tapan la visibilidad y provocan accidentes.
También señalan a una concesionaria en la calle Caamaño que “se adueñó de una calle entera” frente al edificio Office. Pese a las denuncias, “la Autopista no da bolilla”, lo que alimenta la percepción de que el castigo es selectivo. El debate en redes y la percepción pública. Las notas en redes sociales y portales locales están plagadas de comentarios de usuarios que cuestionan por qué la Justicia sólo apuntó a ciertas concesionarias.
Muchos sugieren que existen intereses de competencia y recuerdan que otras empresas —como las cervecerías que estacionan camiones en colectoras— también ocupan espacios públicos sin sanción. Este coro de voces digitales sostiene la teoría de que se trata de “una persecución” contra ciertos actores del mercado, mientras que otros quedan fuera del radar.
Conclusión. Nadie discute que el parquizado debe permanecer libre por razones de seguridad; incluso la DNV recuerda que estos sectores son “zonas de seguridad que deben mantenerse libres de obstáculos”. Pero si la norma es universal, su aplicación debería ser pareja.
La crisis que atraviesa Autos Pilar Premium expone una falla sistémica: un mercado con reglas difusas, una concesionaria vial que denuncia pero no controla y una Justicia que actúa de forma reactiva. Urge un plan integral que ordene el uso de espacios públicos, establezca criterios homogéneos y evite que la percepción de injusticia se transforme en una nueva crisis reputacional para todo el sector.
