BUENOS AIRES (Redacción) – El 7 de noviembre el Gobierno quiere aplicar el Operativo Aprender, que tiene un costo de 380 millones de pesos, destinados a realizar una prueba para profundizar la precarización y culpar a los docentes de la crisis de la educación pública. Así lo denuncian en el portal de La Izquierda Diario.
Mientras la falta de jardines de infantes y escuelas impide que miles de niñas y niños puedan tener escolarización, el gobierno de Macri y María Eugenia Vidal gastará millones de pesos en llevar adelante una prueba estandarizada, externa, que no respeta el proceso de aprendizaje ni el contexto social de cada estudiante.
Con los 380 millones de pesos que el gobierno destinará a tal fin se podrían construir por ejemplo 30 jardines; que cubrirían aproximadamente 6000 vacantes.
El presidente Mauricio Macri, que lleva a su hija a uno de los jardines de infantes más caros y “exclusivos” de la Ciudad de Buenos Aires, se comprometió en uno de los debates presidenciales a construir tres mil jardines durante su gestión (2015-2019). Hoy las obras brillan por su ausencia.
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Según datos de la Ctera, se encuentran en ejecución obras en apenas 52 jardines de infantes, de las cuales sólo 17 corresponden a licitaciones lanzadas durante el gobierno de Macri. Apenas cinco jardines se encuentran en licitaciones y ocho en proceso de contratación o evaluación.
En un marco general de una crisis profunda en la educación pública, el nivel inicial vive constantemente postergado. En la Argentina hay 638 mil niños de entre tres y cinco años que no van a la escuela.
Mientras las escuelas se caen a pedazos, el gobierno destina millones a la educación privada y a pruebas que tienen como objetivo atacar a la educación pública.
Este ataque del Gobierno nos exige no sólo tener una posición de rechazo, sino repensar los objetivos de la escuela pública, los planes de estudio y la relación de sus contenidos con la sociedad. Es decir, pelear por una educación pública de calidad que parta de arrancar un aumento inmediato del presupuesto educativo al 10 % del PBI y quitarle los subsidios a la educación privada, laica y religiosa.
