BUENOS AIRES.- Las empresas de triple impacto, es decir aquellas que además del rédito económico se ocupan del medio ambiente y el bienestar social, están muy cerca de tener una ley que las reconozca jurídicamente. Será la primera norma en Argentina en este sentido y se suma a una tendencia global en torno a la valoración del trabajo sustentable.
Días atrás, en sesiones extraordinarias y a horas de perder estado parlamentario la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de empresas de Beneficios e Interés Colectivo (BIC), una iniciativa gestada por Sistema B y ASEA (Asociación de Emprendedores Argentinos) que contó con el aval del Ejecutivo desde 2017.
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“El proyecto surge de la sociedad civil, con el apoyo de más de 90 organizaciones, para responder a la necesidad de dar identidad y reconocimiento legal a las empresas triple impacto y viene a dar un marco normativo a una realidad que ya existe”, define Soledad Noel abogada miembro de Sistema B Argentina y del Grupo Jurídico B.
Aprobada la norma este tipo de empresas estarán bajo un régimen especial que les brindará reconocimiento legal facilitando su identificación, protección y desarrollo, aseguran quienes escribieron la ley además aclaran que el proyecto no modifica ni crea un nuevo tipo legal fuera de los tipos societarios previstos en la ley de sociedades.
“La identificación legal de las empresas de triple impacto es el primer paso para que luego puedan surgir beneficios del mercado y de políticas que el Estado pueda implementar, por ejemplo a través de programas de compras públicas preferenciales o facilidades de acceso al crédito”, refuerza Noel.
Para Ezequiel Calcarami presidente de ASEA “es muy lindo que el tema del triple impacto este en primera plana y es un gran respaldo para el mundo emprendedor” al tiempo que aclara que “cada vez más, las empresas y los consumidores exigen que haya otros tipos de beneficios más allá de los económicos y se aporte a la sociedad”.
En el mundo hay iniciativas similares sobre sociedades de beneficio e interés colectivo. En EE.UU. existen leyes en 34 estados, en Italia se aprobó a fines de 2015. En la región hay leyes en Colombia y proyectos en debate en Chile, Perú, Uruguay, Brasil. “Más allá de los proyectos de ley a nivel global se observa una tendencia hacia la creación de nuevas formas jurídicas de organización que posibiliten la creación de empresas de este tipo”, sostiene Noel y cita casos en el Reino Unido, Canadá y Francia.
Para los creadores del proyecto, la nueva ley beneficiará a emprendedores que nacen con la idea de la empresa con propósito; a empresas y pymes que opten por seguir un camino más sustentable; a inversores que busquen generar un impacto positivo; a consumidores comprometidos y a empleados que puedan estar mejor representados a través del propósito de la empresa que trabajan.
El proyecto que ahora está en la comisión de Legislación General del Senado establece que para poder ser reconocidas como BIC, las empresas deben cumplir obligaciones como incorporar a su estatuto o contrato el impacto social, el objetivo ambiental, positivo y verificable que se obligan a generar, confeccionar un reporte anual mediante el cual acrediten las acciones llevadas a cabo tendientes al cumplimiento del impacto y que ese reporte deberá ser auditado por un profesional independiente matriculado.
En Diputados la iniciativa se aprobó por 117 votos a favor y 36 en contra. Durante el debate, la oposición calificó al proyecto como un “atraso” porque plantea beneficios impositivos, sin embargo, sobre este punto tanto desde ASEA como de Sistema B sostuvieron que en el proyecto no habla de beneficios impositivos sino de reconcomiendo jurídico.
La pelota ahora está en el Senado, sin chances que salga este año porque el proyecto no está en el temario de la sesión prevista para hoy. El trámite pasa a 2019 como última oportunidad. Desde ASEA consideran que debería ser aprobada sin mayores trabas porque la iniciativa no contiene modificaciones a la legislación laboral o impositiva como planea la nueva ley de emprendedores (ver recuerdo). “Es una ley que tiene consenso, si no se trata ahora es por un tema de agenda”, concluye Calcarami.
CLAVES DE LA LEY BIC
1| Los emprendedores y las empresas de triple impacto hoy no tienen un reconocimiento legal que los proteja.
2| Este nuevo régimen jurídico les brinda reconocimiento facilitando al Estado y al mercado identificarlos.
3| La norma no crea un nuevo tipo societario, sino un régimen jurídico aplicable a cualquier tipo de sociedad actual o futura.
4| No otorga beneficios impositivos, su objetivo principal es identificar, reconocer y potenciar las empresas de triple impacto.
EMPRENDEDORES 2.0
Según pudo saber Ámbito Biz, el Gobierno junto a algunas asociaciones empresarias están trabajando por lo bajo, pero con pasos firmes en una ley de emprendedores 2.0 que buscará aprobarse en el Congreso el próximo año. La intención es reforzar las propuestas que quedaron afuera de la ley de emprendedores que vio la luz en 2017. Entre los puntos que se discutirán están reducir la presión fiscal mediante un sistema de progresividad fiscal, es decir ir pagando más cuando crezcan, reducir el costo laboral, ampliar el financiamiento para el sector y ventajas impositivas para quienes inviertan en proyectos de riesgo.
