BUENOS AIRES (Redacción) – No es la primera vez que mencionamos el tema, sencillamente porque desde que el actual presidente de la Nación Mauricio Macri era jefe de Gobierno, como el actual, la gestión siempre estuvo muy cerca de los negocios inmobiliarios, al menos, desde los distintos proyectos oficiales de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora no es la excepción, por el contrario, siguen grandes e interesantes negocios.
Se trata del proyecto de ley de reurbanización de la ex Villa 31 que, el martes 18 pasado, Horacio Rodríguez Larreta envió a la Legislatura porteña.
¿De qué se trata?
El proyecto de Ley N° 2736-J-2018 establece que la escrituración de las parcelas a las familias del barrio sólo pueden ser destinadas a vivienda única y permanente, pero en caso de querer vender, sólo será posible siempre y cuando demuestren que tienen otra vivienda definitiva y cancelen el valor total de la hipoteca. También la vivienda debe ser única y de ocupación permanente para el comprador excepto si el nuevo propietario le paga al gobierno porteño tres veces el valor de la hipoteca por adelantado.
Con esta modalidad, llegan los negocios, porque la tierra pública con destino a vivienda social caerá rápidamente en el terreno de la especulación inmobiliaria cuando los futuros compradores paguen al gobierno las tres hipotecas que exige la ley para cancelar y luego sí quedar liberados de todo cargo social.
Ante esto, el Observatorio del Derecho a la Ciudad señala: “El Jefe de Gobierno está pidiendo a la Legislatura autorización para que la tierra pública que actualmente está ocupada por un barrio popular termine finalmente en manos del mercado especulativo inmobiliario. Este proyecto de ley tiene como primer objetivo que la tierra que se encuentra fuera del comercio por ser pública, por ser de la ciudad, sea mercantilizada, es decir, ingrese al mercado inmobiliario y quede simplemente sujeta a los mandatos de criterios puramente económicos sin la necesidad de cumplir ningún fin social. El proyecto tiene un norte muy claro, transformar un proceso de integración social y urbana de un Barrio Popular en un proceso de expulsión lento de su población y quebranto de su identidad barrial haciendo accesible el suelo a la explotación futura y especulativa del mercado inmobiliario”.
Y continúa el Observatorio: «Facilitará el ingreso del capital inmobiliario a manos de la desprotección en la que quedarán las familias del barrio por el shock económico que implica pasar de la informalidad a la formalidad. Las familias deberán pagar de un momento a otro, sin que puedan adaptarse y en un contexto de grave recesión económica del país, el crédito por la vivienda que adquirirán en propiedad, las expensas, los servicios públicos, los impuestos inmobiliarios”.
Además, hay que aclarar que en ninguna parte del proyecto se incluye un esquema de protección de las familias que cuando pasen a la formalidad, llegado el caso, no puedan afrontar los pagos de la urbanización. Esto es un escenario muy probable si se tiene en cuenta que en el año 2017, el 68,8 de los hogares de la villa se encontraba bajo la Línea de Pobreza. Hoy, con la devaluación, ese porcentaje habría superado el 80 por ciento.
Pese a ello, tampoco habrá subsidios ni ayudas económicas para solventar los endeudamientos que, si se tiene en cuenta las facturas de luz, gas y agua que deberán pagar, seguramente el costo sea muy elevado.
El proyecto
El proyecto de ley porteño pretende eliminar en forma íntegra el sector Bajo Autopista del Barrio sin brindar razones técnicas ni fundamentos de dicha decisión sólo con la excusa de liberar suelo “para el futuro ingreso de comercios u otras actividades que compitan y destruyan la economía productiva y de servicios local”. Asimismo, la Autopista Illia se transformará en un “parque metropolitano” con un costo de obra pública megamillonario, al tiempo que se podrán localizar comercios con personas ajenas al barrio, lo que afectará la economía local.
Otro dato que preocupa a unos y alegra a otros es que las construcciones no superarán los 3 pisos de altura, y si bien esto puede resultar un dato no menor, detrás hay otro interés: para los desarrolladores inmobiliarios será mucho más fácil poder comprar edificaciones de pocas unidades funcionales.
Pese a todas las sospechas, todavía no se especifica en el proyecto el valor que deberán pagar las familias por sus viviendas. Las cuotas pueden ser totalmente sorpresivas y más si a esto habrá que sumarle los valores de las tarifas de los servicios públicos.
La oposición ya lo anticipó: se trata de un proyecto polémico, traicionero y que terminará en violentos desalojos forzosos.
