BUENOS AIRES.- La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta por una presunta manipulación de la licitación de las obras del Paseo del Bajo para beneficiar a Iecsa, constructora de Ángelo Calcaterra que luego pasó a manos de Marcelo Mindlin. La denuncia recayó por sorteo en las manos del juez federal Sebastián Casanello.
Desde 2007, el PRO gobierna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro está, en aquel año se dio la primera victoria electoral del hoy presidente Mauricio Macri. Allí, se impuso en primera y segunda vuelta al kirchnerista Daniel Filmus. De esa manera, reemplazó a Jorge Telerman, quien había tomado el poder tras la salida de Aníbal Ibarra luego de lo que fue la tragedia de Cromañón.
El desembarco a la actividad estatal como mandamás porteño del ex presidente del Club Atlético Boca Juniors y hombre con larga trayectoria en el mundo privado, no fue en soledad. Varios representantes del empresariado que formaban parte de su círculo de amistades además de los vínculos vías negocios entre las firmas, llegaron a la órbita pública para extender sus dominios y la gestión de Horacio Rodríguez Larreta continuó en esa línea que no tiene dudas en que la Obra el Paseo del Bajo, en la se trabaja durante las 24 horas del dias, será una marca registrada para el mandamás capitalino.
Tal es así, que luego de que el gobierno nacional reconociera la crisis que atraviesa el país, desde el Ejecutivo porteño debieron pedir una deuda millonaria para financiar la obra pública porteña y costear los emprendimientos que ya estaban en marcha, y según afirmaron a Revista Qué a mediados de agosto, la orden del jefe de Gobierno fue contundente: «las obras de gran envergadura para la Ciudad como el Paseo del Bajo no pueden frenarse».
Pero la Auditoría General de la Ciudad, a cargo de Cecilia Segura, revisó los papeles de la licitación de esta obra multimillonaria y encontró todo tipo de irregularidades que muestran como se desvió la licitación para que la gane el dúo Angelo Calcaterra-Marcelo Mindlin -el primero es el primo de Mauricio Macri, el segundo, uno de los empresarios predilectos del presidente-, la auditora propuso al Colegio de Auditores Generales la realización de una denuncia penal de carácter institucional, propuesta que no fue acompañada por el resto de los Auditores Generales integrantes del cuerpo.
En ese entonces, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (anticorrupción), que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Además de Rodríguez Larreta fueron denunciados el ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el ministro de Desarrollo Urbano y Transporte porteño Franco Moccia, el presidente de AUSA Carlos María Frugoni y la jefa de compras de AUSA Natalia Bustos.
Ahora, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y de Horacio Rodríguez Larreta por la presunta manipulación de la licitación de las obras del Paseo del Bajo.
La denuncia recayó por sorteo en las manos del juez federal Sebastián Casanello , quien delegó el expediente en el fiscal en turno, Carlos Stornelli , y determinará los primeros pasos; entre ellos, si convoca a la PIA para colaborar en la investigación.
El titular de la PIA, Sergio Rodríguez, basó su denuncia en un informe de la Auditoría General porteña, que estimó que existen indicios de supuestas «anomalías» y presuntos delitos para la «adjudicación indebida mediante direccionamiento, a un mayor precio del que hubiera correspondido, del tramo más oneroso de la licitación pública internacional para la Obra del Paseo del Bajo a la empresa Iecsa» en su unión transitoria con la firma Fontana Nicastro SA.
Según la Auditoría y, luego, la Procuraduría, la supuesta manipulación del proyecto provocó que Iecsa resultara la adjudicataria del llamado «tramo C» del proyecto, con un presupuesto de $4480 millones, para la construcción de una trinchera profunda desde la avenida Córdoba que se eleva de manera paulatina hasta llegar a las inmediaciones del edificio de la Casa de Moneda.
En ese contexto, la denuncia menciona al jefe de gobierno Rodríguez Larreta, al ministro de Transporte nacional, Guillermo Dietrich ; al ministro de Desarrollo Urbano porteño, Franco Moccia, al presidente y la jefa de Compras de Autopistas Urbanas SA, Carlos Frugoni y Natalia Bustos, «y demás funcionarios públicos y particulares que resultaren responsables».
Férreo impulsor del proyecto, Rodríguez Larreta considera que el Paseo del Bajo facilitará la circulación vehicular «norte-sur y sur-norte en la Ciudad», como así también le permitirá a más de 134.000 vecinos «ganar muchísimo tiempo», además de generar unos 60.000 metros cuadrados de espacios verdes en toda la zona.
Basado en el informe de Cecilia Segura Rattagan, sin embargo, la PIA resumió cuáles serían las observaciones principales al proyecto por el cual pujaron los consorcios Iecsa – Fontana Nicastro; Corsan – Corviam; Roggio – Cartellone – Soletanche Bachy; y Chediack – Salina Impregilo – Iglys:
* «Haber alterado la normativa aplicable» para que el adjudicatario de un tramo no pudiera ganar otro tramo del mismo proyecto, aunque presentara la mejor oferta, «sin soporte racional de ninguna naturaleza», lo que provocó «la eliminación de [la competidora que ya había ganado un tramo] Corsan-Corviam en la adjudicación del tramo más caro, que fue ganado, de esta forma irregular, por Iecsa».
* «Haberse producido un perjuicio patrimonial a las arcas del Estado, en tanto el procedimiento indebido denunciado, habría implicado la no selección de las ofertas económicas más convenientes», cuando ya había trascendido «que Corsan Corviam había planteado ofertas a la baja, podría decirse, para asegurarse un contrato de Obra Pública que le permitiera hacer frente a su, en ese momento, crítica situación financiera».
* El delicado panorama de Corsan, a su vez, suscitó otra irregularidad por «el no acatamiento a lo indicado en un dictamen de la Procuración General de la Ciudad» que ordenó verificar, antes adjudicar, «la capacidad técnica y económica del contratista para cumplir con las obligaciones». De haberlo hecho, según la denuncia, se habría descartado a Corsan para el tramo más económico y se hubiera seleccionado a Iecsa, que a su vez habría quedado excluida del tramo más caro.
* En esa línea, «pocos meses después Isolux-Corsan se declaró en quiebra, se rescindió el contrato y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumió la administración de la obra, cuyo nuevo costo también se solicita que se investigue».
A estas primeras observaciones se sumaron otras, como la «alteración sustancial de la licitación», ya en pleno desarrollo y mediante circulares «inconsultas», que al decir de la Auditoría porteña y de la Procuraduría «ponen a la vista una maniobra burda e insólita, sospechosa ‘per se'».
Todo esto llevó , según la PIA, a un contrasentido: «De repente, los cuatro contendientes que aspiraban al premio mayor, [el tramo] presupuestado en 4480 millones de pesos, competían entre sí para ver quién quedaba eliminado de esa chance, antes de empezar».
